VIDEO: Delimitación de Belén de Bajirá un año despúes

La instalación de once mojones o puntos limítrofes aparentemente ponía fin a la disputa entre los dos departamentos. Este es el panorama 12 meses después.

Un año después de que el Instituto Agustín Codazzi (Igac) diera por terminado el proceso de deslinde o delimitación entre Antioquia y Chocó, pocas cosas han cambiado en la zona.

En las calles de Blanquicet, una de las tres poblaciones, junto a Nuevo Oriente y Macondo, que Antioquia considera corregimientos de Turbo, todavía ondean las banderas antioqueñas. Celmira Plazas una próspera comerciante, se niega a aceptar que su pueblo sea del Chocó.

“Tenemos entendido que es Antioquia, jamás ha sido del Chocó y aspiramos a que nunca sea del Chocó”, expresó.

Como consta en un documento, el 28 de abril de 2018, el Igac terminó el proceso de amojonamiento, tras determinar que no hay límites dudosos entre los dos departamentos. Los funcionarios del instituto instalaron diez pilastras y un obelisco para demarcar físicamente sus límites.

Sin embargo, esta es una realidad que se niega a aceptar el gobernador de Antioquia, Luis Pérez.

Apoyado en la negativa del gobernador, el alcalde de Turbo mando a destruir dos mojones, cuenta Serafín Valencia, exconcejal de Riosucio.

“Se niegan a lo que ya se dictó que es devolverle su territorio al Chocó y por eso tumbaron los mojones porque dicen que este territorio todavía es de ellos”, comentó Valencia.

Tras la publicación del mapa oficial por parte del Igac, donde estas poblaciones aparecen en el Chocó, el gobernador Luis Pérez instauró una demanda ante el Consejo de Estado que buscaba anular el acto administrativo.

Pero el Consejo de Estado negó la petición mediante un auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sin embrago el proceso continúa en esta corporación, pero ¿por qué Antioquia no quiere renunciar a esos territorios?

Para Luis Fernando González, doctor en Historia y experto en hábitat de la Universidad Nacional en Medellín, hay grandes intereses geopolíticos en juego.

“Hay un manejo político llamando a lago que genera muchos beneficios que es el regionalismo”, señaló el experto.

El Golfo de Urabá, el lugar del mundo donde el océano Atlántico está más cerca del Pacífico es un punto clave para los intereses comerciales antioqueños, manifestó el profesor González.

“En razón a que esa frontera más ampliable desde el eje bananero que ya está muy copado”, indicó.

González se refiere a los puertos de Nueva Antioquia, que movería 6.6 millones de toneladas al año, Darién puerto internacional, en Necoclí y Pisisí en Turbo; megaproyectos que mediante complejos corredores viales y fluviales y férreos que unirán el Golfo de Urabá con el centro de Colombia.

“Ese solo hecho de los puertos y la conexión con el mercado global pues está demandando más tierras, mayores proyectos agroindustriales, una intensificación agroindustrial para la exportación”, aseguró,

El conflicto de Belén de Bajirá también está ligado a desplazamientos, despojos y asesinatos de pobladores afro en los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó, zona limítrofe entre Antioquia y Chocó, tierras que fueron ocupadas en cultivos de palma de aceite por empresarios antioqueños que hoy enfrentan un proceso de restitución.

Juan Pablo Guerrero, abogado e investigador del Cinep, que asesora jurídicamente a las víctimas, aseguró que el proceso cada vez es más lento y con menos voluntad política de las instituciones responsables.

“Gran multitud de opositores, opositores muy fuertes y claramente lo que están generando es una obstaculización al mismo proceso, pero no solamente existe la participación de grandes ocupantes y tenedores de tierra, yo creo que también existen riesgos evidentes que han registrado una ruptura total entre la comunidad que reclama las tierras y la entidad pública que los representa”, señaló Guerrero.

Por su parte Pablo Antonio López, líder de Tumaradó, ha habido una arremetida contra los líderes de diferentes comunidades que hoy están en un proceso de restitución de tierras.

“A raíz de eso a muchas comunidades les ha tocado desplazarse a diferentes municipios con el fin de salvar su vida”, indicó.

Antioquia se niega a entregar los registros catastrales al Chocó como lo ha denunciado el gobernador de este departamento, pero a los líderes chocoanos les preocupa algo más.

“En las elecciones de Congreso casi el 90 por ciento de la comunidad, siendo un corregimiento fueron trasladados a otro corregimiento de Turbo para inscribir la cédula, porque no se sienten chocoanos cuando todo esto ha sido del departamento del Chocó”, aseveró Borlin Valencia, líder de comunidades afro.

Pese al pronunciamiento del Consejo de Estado que deja en firme, por el momento, el acto administrativo del Igac, que ya fijo los límites, del lado antioqueño siguen recaudando impuestos, entre tanto los chocoanos ven como se violan sus derechos fiscales y no entienden porque los organismos de control no se pronuncian en lo que consideran un delito.

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